La situación legal de Pamela López podría complicarse luego de que el Octavo Juzgado de Familia dispusiera remitir copias del expediente al Ministerio Público para que se inicie una investigación en su contra por el presunto delito de desobediencia a la autoridad. La decisión judicial se produce tras determinarse un supuesto incumplimiento reiterado de las medidas de protección que le prohibían emitir declaraciones contra el futbolista Christian Cueva.
La resolución, identificada como la número 24, fue notificada recientemente y responde a una solicitud presentada por la defensa legal de Cueva, que había requerido al juzgado hacer efectivo el apercibimiento debido a las reiteradas presuntas infracciones a las disposiciones judiciales vigentes.
Juzgado dispone remitir el caso al Ministerio Público
De acuerdo con la resolución judicial, el juzgado consideró procedente remitir la documentación correspondiente a la Fiscalía para que se investigue si Pamela López incurrió en el delito de desobediencia a la autoridad, contemplado en el artículo 368 del Código Penal.
La medida se adopta luego de que, según la defensa del futbolista, la empresaria habría continuado pronunciándose públicamente sobre Christian Cueva pese a las restricciones impuestas por las medidas de protección emitidas previamente por la autoridad judicial.
Ahora será el Ministerio Público el encargado de evaluar los hechos, recopilar los elementos de convicción necesarios y determinar si corresponde formalizar una investigación o iniciar acciones penales.
Posibles consecuencias legales
Especialistas señalan que el delito de desobediencia a la autoridad contempla sanciones severas cuando se acredita el incumplimiento de mandatos judiciales. En este caso, la investigación buscará establecer si existió una vulneración deliberada de las disposiciones emitidas por el juzgado.
Asimismo, la defensa de Christian Cueva sostiene que la situación podría agravarse si continúan produciéndose conductas que contravengan las medidas de protección vigentes o si se mantiene la exposición pública de los menores involucrados en el conflicto familiar.
Por el momento, el caso ingresa a una nueva etapa legal que será evaluada por las autoridades competentes. La decisión final dependerá de las investigaciones que realice la Fiscalía y de los elementos que puedan ser incorporados durante el desarrollo del proceso.
